Las leyes en la ciudad que cuida
Política Municipal Foro de Debate ‘Las leyes en la ciudad que cuida’
Evolucionar hacia una sociedad cuidadora significa, entre otras cuestiones, que las palabras respetar, proteger, cuidar y acompañar transiten de los discursos a la práctica. Significa, en el ámbito de las personas mayores, que las instituciones públicas y el conjunto de la comunidad diseñen y lleven a cabo cada una de sus actuaciones con la voluntad de fomentar un envejecimiento activo, saludable y respetuoso con los proyectos de vida. La comunidad ha de ser, por tanto, un espacio de encuentro intergeneracional, de aprendizaje compartido, en el que las situaciones de dependencia, de soledad no deseada o de riesgo de exclusión que pueden afectaralaspersonasmayoresseanabordadas con rigor y planificación por los poderes públicos y el conjunto de los actores que trabajan en este ámbito: Tercer Sector especializado, tejido asociativo y vecinal, y ámbito privado.
La agenda de las Naciones Unidas –en particular, el paradigma de las Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, impulsado en el seno de la OMS, y el marco compartido de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)–, el Pilar Europeo de Derechos Sociales y la legislación española más reciente en la materia, coinciden en la necesidad de situar los derechos de las personas como clave de bóveda de las políticas públicas.
Que incorpore la figura de un fiscal específico, que proteja y defienda sus derechos y persiga los abusos, maltratos y delitos que se les inflijan
En coherencia con este planteamiento, las personas mayores han de situarse en el centro de las políticas puestas en marcha por el conjunto de las Administraciones Públicas. Su participación en la definición de estas políticas, el respeto a sus decisiones, el fomento de su autonomía y la promoción de actuaciones de atención centradas en la persona –en sus necesidades y proyectos vitales– han de configurar el marco y el itinerario de trabajo. En definitiva, siguiendo el enfoque basado en derechos, las personas mayores tienen una serie de derechos fundamentales y, también, de responsabilidades con el bien común, como el resto de generaciones, cuyo ejercicio debe asegurarse desde los servicios y programas auspiciados por las Administraciones Públicas (con recursos humanos públicos suficientes en número y cualificación) en función de sus respectivas competencias complementarias.
La cuestión reside en cómo concretar un enfoque basado en derechos y responsabilidades de la ciudadanía y cómo traducir la exposición de tales derechos en medidas que garanticen su ejercicio. En el presente documento se plantea una serie de propuestas que, desde el punto de vista legal, podrían contribuir a recorrer ese camino del derecho a la acción, del reconocimiento formal al ejercicio cotidiano de derechos y responsabilidades por parte de la ciudadanía.